jueves, 3 de julio de 2014

¿Por qué fundamos PATRIA GRANDE?


¿Por qué fundamos PATRIA GRANDE?


Nuestro país, en apariencia soberano, se encuentra sujeto a las nuevas formas de colonialismo del siglo XXI. Las redes de la actual dependencia, invisibles a los ojos, ya no emplean virreyes ni cabildos, pero no son menos despiadadas por eso. Someten mediante la dictadura de los organismos financieros internacionales, el lobby de las empresas transnacionales, los tratados de libre comercio, la exportación del sentido común liberal, y en último término pero no por eso menos presente, la amenaza militar.
Atrapan a nuestro país mediante una colonización económica que asfixia las posibilidades de una política soberana con la amenaza del “aislamiento mundial” y la retirada de las inversiones. Presionan para que cada una de las naciones de la PATRIA GRANDE acepten su “lugar natural” en la división mundial del trabajo, que nos reserva un sitio de honor para la explotación irracional de los bienes naturales y el agronegocio, formas modernas y ultra tecnologizadas de primarizar nuestras economías.
Después de diez años de gobierno del kirchnerismo, es necesario establecer con claridad que no estamos simplemente frente a la pesada herencia del neoliberalismo, sino ante una estructura económica forjada o reforzada en estos años. El crecimiento económico significó una mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo que es realmente insuficiente, sobre todo si se la compara con las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, la fuga permanente de capitales y la riqueza nacional que se destinó en estos años a hacer frente a los “compromisos” internacionales.
Por eso la posibilidad de construir un país en el que prevalezcan los principios de la justicia social, la soberanía popular y la independencia nacional está necesariamente ligada a la dificil tarea histórica de forjar un camino alternativo y emancipador. Un proyecto de país que, basado en el protagonismo popular, se proponga el manejo soberano de la riqueza nacional y que coloque a las zonas estretégicas de la producción en síntonía con un desarrollo basado en las necesidades de las mayorías y la unidad latinoamericana. Es decir, un modelo contrapuesto a cualquier variante del capitalismo, que inevitablemente se apoya sobre la explotación del pueblo trabajador, que no cuestiona el papel rector del mercado y la ganancia económica, el consumo irracional y la dependencia.
Esta nueva dependencia no es gratuita para la clase trabajadora. Si bien ya no convivimos con las abultadas estadísticas del desempleo propias de la fiesta neoliberal, sí lidiamos día a día con el empleo informal y precario. Laburar nueve, diez o doce horas diarias es una rutina normal para millones de trabajadores y trabajadoras. Viajamos mal, muy mal y cada vez peor y hasta se pierde la vida en el intento de ir o volver del trabajo.
Las tareas domésticas dentro de los hogares siguen siendo mayoritariamente realizadas por mujeres, lo que duplica el esfuerzo de millones de personas que no solamente tienen que trabajar para un patrón sino también seguir su jornada laburando dentro de su casa. A esto se agrega la falta de derechos reproductivos en nuestro país, cuya máxima expresión es la penalización de la práctica del aborto, así como la existencia de reiterados casos de violencia de género y de trata de personas para la explotación sexual.
Acceder a una vivienda propia puede ser una tarea imposible para amplios sectores de nuestro pueblo. Los precios de las viviendas, liberados a la regulación del mercado, crecen espectacularmente al ritmo de la especulación inmobiliaria. Quien vive en una villa o en barrios suburbanos no puede acceder a los servicios básicos mínimos, porque las autoridades públicas se niegan a aplicar las leyes de urbanización o a reconocer la existencia de los asentamientos y realizar las obras públicas necesarias.
El empresariado local, que obtiene una porción nada despreciable de las ganancias de esta estructura económica, intenta instalar constantemente un sentido común neoliberal y conservador en vastos sectores de nuestro pueblo.
Este sentido común es la cobertura ideológica del colonialismo del siglo XXI y, por lo tanto, nuestro principal enemigo en la batalla cultural que nos proponemos dar. Su objetivo es obstaculizar los intentos de recuperación de las herramientas del Estado nacional, amputado desde la última dictadura militar y confrontar cualquier acción política que cuestione los privilegios que han gozado históricamente los sectores más poderosos.
Pero el liberalismo no sería tan peligroso si no contara con la complicidad del “posibilismo”, de ese discurso que afirma que “no se puede ir más allá de lo que hoy parece posible”. Esa resignación fatalista al presente asume la forma de un análisis concienzudo de la relación de fuerzas existente, para así impedir proyectar lo que todo proceso de cambio profundo siempre buscó: hacer posible lo imposible.
En función de aportar a esa tarea histórica fundamos PATRIA GRANDE, para contribuir a la construcción de una izquierda popular, a partir de la fusión de Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional, el Movimiento 15 de enero de Mar del Plata, el movimiento universitario por el cambio social Sudestada y la agrupación Cutral Co de Córdoba, la Corriente Unidad Sur de la provincia de Buenos Aires, Podemos y el espacio Chico Mendes de la Ciudad de Buenos Aires, el centro cultural El Barro de San Juan y otros compañeros y compañeras no agrupados en la actualidad. Damos así un paso concreto en el camino de la unidad del campo popular, que tantas veces se proclama como objetivo, pero que muy raramente se hace carne en las organizaciones militantes.
Esta gesta histórica, jalonada por el sacrificio y la entrega de miles de hijos e hijas del pueblo, no es una tarea que pueda ser llevada adelante por una sola organización política. Ni siquiera tampoco solamente por un gobierno popular. Es una tarea que exige la organización del propio pueblo argentino y latinoamericano. Que exige la construcción de Poder Popular desde las bases, desde las luchas y sueños de las clases subalternas como una de las principales ideas/fuerza que hagan parir el porvenir. Que exige la unidad amplia del campo popular, de sus organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, religiosas, ecologistas, de derechos humanos, feministas y en general de todo aquel que se siente comprometido con la esperanza de una vida digna para las mayorías populares en un gran movimiento emancipatorio.
Para ello convocamos a la juventud argentina y latinoamericana, que rechaza la injerencia del imperialismo; a la clase trabajadora de todos los rincones de la nación, dispuesta a pelear por la dignidad; a los hombres y mujeres comprometidos con los más humildes de nosotros, en todas las formas posibles de solidaridad; a los campesinos y a los agricultores familiares, que sostienen otro modelo agrario garante de la soberanía alimentaria; a los intelectuales y artistas, identificados con la construcción de una cultura contraria a los valores del individualismo y la mercantilización; a los estudiantes, comprometidos con las luchas y la construcción de un conocimiento crítico y emancipador en función de las necesidades sociales; a los luchadores contra la explotación irracional de los bienes naturales; a las defensoras de los derechos de las mujeres y de todas las identidades; a los comunicadores populares, que enfrentan la mentira de los grandes medios de comunicación; a los activistas por los derechos humanos de ayer y de hoy, a los continuadores de la experiencia ejemplar de las Madres de Plaza de Mayo. A todos los convocamos a unirse a construir PATRIA GRANDE. Parafraseando a viejos maestros, “no les ofrecemos un camino fácil, un panorama risueño ni una mentira más; le ofrecemos a cada uno un puesto de lucha”. Hablamos de pensarnos libres. Hablamos de construir el poder del pueblo hacia el socialismo del Siglo XXI.

3 de julio de 2014, desde el sur del Continente





miércoles, 26 de febrero de 2014


No a la Persecusión de Diosnel Pérez y el Tano Nardulli

Desde el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional, MAREA Popular, PODEMOS y Espacio Chico Mendes repudiamos un nuevo intento de criminalización de la protesta social por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso mediante el recurso de apelar el sobreseimiento de dos referentes de la Villa 20 de Lugano, Diosnel Perez y Luciano Nardulli.
La causa en su contra fue abierta luego de los incidentes ocurridos por la violenta represión perpretada por las policías Federal y Metropolitana en el Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. En estos sucesos fueron asesinados Emilio Canaviri Álvarez, Bernardo Salgueiro y Rosemary Churapuña –crímenes al día de hoy impunes- y otras cinco personas resultaron heridas.
En diciembre pasado la jueza María Gabriela Lopez Iñiguez definió que ambos referentes no cometieron delito alguno en la toma ocurrida en el Parque. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio del fiscal Luis Cevasco, apeló la decisión de la jueza, por lo que este miércoles habrá una nueva audiencia por el caso.
Consideramos que no se trata de una medida aislada, sino que se enmarca en un proceso más abarcativo de judicialización de la protesta social y persecución a los luchadores populares, que se replica en distintas partes del país.
Por su parte, el gobierno de Macri continúa profundizando el perfil de una ciudad excluyente, donde los grandes negociados inmobiliarios se imponen por sobre el derecho a la vivienda, a fuerza de desalojos y subejecución del presupuesto para viviendas populares. Recordemos que en la misma comuna del Parque indoamericano, donde se había prometido vivienda, el GCBA proyecta llevar a cabo el Plan Maestro Comuna 8, así como en todo el sur de la ciudad se llevan a cabo proyectos para valorizar la tierra y expulsar a los sectores populares.
Por todo esto convocamos a concentrarse el día miércoles 26 de febrero a las 10 hs en Santa fe y Libertad, para expresar nuestro rechazo a la decisión de la fiscalía y exigir la absolución de los compañeros procesados.
¡Ni un solo procesado por luchar!

Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
MAREA Popular
PODEMOS – Participación y Organización por la Democracia y el Socialismo
Espacio Chico Mendes



domingo, 23 de febrero de 2014


Distrito Arcos: Un nuevo negocio a favor de I.R.S.A. y en contra de los vecinos de la C.A.B.A. 

I.R.S.A. comenzó a construir de manera ilegal un nuevo negocio inmobiliario, esta vez un "shopping" ubicado en Palermo. Entre las calles Paraguay y Santa Fe y entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, en terrenos pertenecientes a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (AdIF). Eufemísticamente la empresa denomina a este negocio como un  "paseo a cielo abierto", pero según el código de planeamiento, esta zona no estaba habilitada para tal fin[i] al momento de comenzar las obras y por lo tanto no hubo permiso de obra, ni estudio de evaluación de impacto previo.

Recordemos que I.R.S.A. es dueña también del DOT de Saavedra (además de casi todos shoppings de la ciudad), cuyo desagüe de las cocheras causó la muerte por ahogamiento, de dos personas en el Barrio Mitre en el año 2013. I.R.S.A viola de manera sistemática todas las leyes de la Ciudad, que los funcionarios no controlan, como así también cercena nuestro derecho-a-la-ciudad.

NO es verdad que los shoppings incrementan el empleo, porque se calcula que por cada nuevo puesto de trabajo en un shopping, se pierden 6,15 empleos en comercios minoristas.
NO es verdad que los shoppings mejoren el barrio, puesto que la seguridad, luminaria y obras públicas las hace el Estado y no la empresa. Sin embargo es la empresa la que se apropia de ese valor generado por la inversión pública, con el dinero de los contribuyentes.
NO es verdad que los shoppings mejoren la calidad de vida de su entorno, ya que los servicios a su alrededor tienden a colapsar, se pierden espacios absorbentes generando mayor inundación (en una zona inundable como la Avenida Juan B. Justo, pegado a donde los vecinos proponían la creación del Lago Pacifico y un parque), y los alquileres aumentan especulativamente ocasionando que los inquilinos de siempre deban mudarse a otros barrios (se elimina la población local de menores ingresos).

NO es verdad que la obra sumará más espacio público, ya que es la empresa la que dispondrá quien puede ingresar al mismo y estará sujeto al horario de apertura y cierre.

Entendiendo que, según el artículo nº 38 de la ley nº 123 de la Ciudad, cualquier obra que se haya construido careciendo de evaluación de impacto ambiental (EIA) debe ser demolida, demandamos a Juan Carlos Villalonga, miembro del Consejo Asesor de Los Verdes, y actual presidente de la Agencia de Protección Ambiental la  inmediata demolición del shopping por carecer de dicho estudio.

En caso de que el gobierno de la ciudad no actuará para detener esta obra por demás ilegal, llamamos a los vecinos y organizaciones a apropiarnos de este espacio publico para que juntos defendamos nuestro derecho a la ciudad.

[i] La zona era UF (urbanización futura) y como tal sujeta a ser zonificada por la Legislatura.

Para ver el informa completo sobre la ciudad hacer click aqui



jueves, 21 de noviembre de 2013

De un ecologismo neutro a un ecologismo cómplice. Ante la designación en la APrA.

Ante la designación de las nuevas autoridades en la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos Aires, y el acompañamiento de este nombramiento por parte de la fuerza política “Los Verdes”, desde el colectivo de ecología popular Espacio Chico Mendes, creemos necesario señalar algunas cosas:

Enhorabuena vemos que esta organización se haya posicionado como fuerza política, superando la ambivalencia de un ecologismo que busca ser neutral en política, de un posicionamiento que roza el oportunismo de no ser ni ONG ni partido político. De esta manera  queda develada la incógnita de su ausencia y su silencio, en las últimas elecciones, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Ciudad. Ya que ahora a pesar de afirmar que no es una alianza lo que anima esta designación,  “acompañan el nombramiento de Juan Carlos Villalonga (…) y le desean éxitos en su gestión” al servicio del PRO (...) y comunican que el mismo "pasará a ocupar una posición en el Consejo Asesor de Los Verdes".

En cambio, lo que nos preocupa es que los valores de esta fuerza, presentes en su propio manifiesto como justicia social, democracia participativa, no-violencia, respeto por la diversidad, derechos humanos por encima de los intereses económicos y comerciales, sabiduría ecológica y sostenibilidad, sean ahora subsumidos a la lógica expulsora de la “Ciudad Verde” y en general a la gestión del PRO, que es en sí mismo contraria a muchos de estos principios. ¿No-Violencia serían los innumerables abusos en la represión como ha sucedido en el Borda o en la Sala Alberdi por el accionar de la policía Metropolitana? ¿Qué mayor violencia que las humillaciones ejercidas sobre las personas en condición de calle por la UCEP? Auténtica fuerza parapolicial creada por decreto. ¿Democracia participativa sería el cercenamiento de las autonomías de las comunas, los constantes vetos de Macri a diferentes leyes? ¿Derechos Humanos y sostenibilidad es la inequidad ambiental y social para con la población en villas y las innumerables víctimas del desarrollo inmobiliario que este Gobierno promueve y sostiene? ¿Cómo puede una fuerza elitista como el Pro cumplir con el requisito de alcanzar la justicia social sobre la igualdad de derechos? Eso por nombrar sólo algunos ejemplos.

Creemos que esto sucede cuando se entiende a la ecología política como sinónimo de hacer-política-con-la-ecología. La ecología política no puede estar divorciada de los intereses de quienes sufren día a día las injusticias ambientales que el capitalismo genera. De quienes, en el campo y en la ciudad, se ven expulsados, por la propia dinámica del “desarrollo” que proponen nuestros gobiernos. Por eso creemos que una ecología política transformadora debe ser una ecología popular y debe estar al servicio de los procesos de transformación y emancipación social de nuestro país y de nuestro continente. Por lo tanto no se puede desde ésta visión participar de gestiones de los proyectos políticos más conservadores como lo es el del PRO.


Convocamos a todos, más que nunca, a seguir construyendo un ecologismo popular para el cambio social, a la transformación de la ciudad actual por otra más justa y más integrada. A buscar formas justas para que la gestión de la ciudad, que construimos entre todos, esté puesta al servicio de todos sus habitantes y no de los intereses de unas pocas corporaciones que se apropian de ella con el aval del gobierno y los bloques mayoritarios de la legislatura. Convocamos a no dejarnos encandilar por las luces y los colores de la excluyente “Ciudad Verde”.

Contacto: espaciochicomendes@yahoo.com.ar

martes, 22 de octubre de 2013

Este domingo votemos a Camino Popular (CABA) y al Frente Ciudad Nueva (La Plata)

Este domingo votemos a Camino Popular (CABA)
y al Frente Ciudad Nueva (La Plata)

        
Frente a las elecciones legislativas del 27 de octubre, creemos necesario realizar un breve análisis de los diferentes proyectos en juego en estos comicios, ya que consideramos que las luchas que nuestro pueblo libra deben también reflejarse en el terreno del Estado, y son las elecciones uno de los momentos donde podemos hacer oír esas demandas y esas luchas en la institucionalidad vigente, apostando también a su profunda transformación democrática.
                En la Ciudad de Buenos Aires estamos viviendo un proyecto marcadamente antipopular, que enmascara tras un maquillaje de propuestas “verdes” y modernizadoras, la construcción de una ciudad cada vez más excluyente. Bajo la idea de convertir a Buenos Aires en una “ciudad global”, “competitiva” y de atraer mayores inversiones extranjeras, se ha puesto por encima de la soberanía popular (la capacidad del pueblo de ejercer su poder y decidir cómo se utilizan sus bienes comunes) las demandas del capital inmobiliario. Con esa lógica, se vienen produciendo grandes transformaciones en nuestra ciudad que solo satisfacen los intereses de estos sectores y de uno pequeño de nuestra sociedad que tiene el capital para invertir en propiedades como reserva de valor.
                De este proceso no es responsable únicamente la gestión del PRO, sino también las gestiones anteriores (Ibarra, hoy en Alternativa Popular colectora del Kirchnerismo). En el año 2002 Ibarra firmó con el entonces presidente Duhalde, convenios para transferir terrenos a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, entregando tierra pública a bajo precio que luego será valorizada de manera privada. Lo distintivo del PRO es la “radicalidad” que le ha impreso a esta mercantilización de la ciudad, que se expresa en la cantidad de megaproyectos planeados para la ciudad y muchos de los cuales son ejecutados de manera totalmente antidemocrática, negando la posibilidad de participación popular. El episodio donde esto se ha visto con mayor claridad fue cuando el año pasado se aprobó un paquete de leyes de alto impacto urbano, donde la efectiva participación de los vecinos se vio imposibilitada.
                Por otro lado, la postura oficial del kirchnerismo ante estos grandes proyectos urbanos no difiere en términos generales de la del PRO. La gran mayoría de los legisladores del Interbloque Kirchnerista (FPV + aliados) los han aprobado. Esto creemos que no es nada sorprendente, viendo que en diferentes municipios del Conurbano bonaerense también se vienen entregando tierras públicas para diferentes emprendimientos inmobiliarios, y en todos esos casos la posición del kirchnerismo es similar a la adoptada en la CABA. En Vicente López aprobaron modificaciones para favorecer la construcción de un Vial Costero y la entrega de tierras públicas a la medida de nuevos proyectos inmobiliarios; en Avellaneda-Quilmes han promovido el proyecto “Nueva Costa del Plata” que el Grupo Techint quiere realizar apropiándose así de toda una franja costera declarada Reserva Ecológica; en Esteban Echeverría cedieron 60 hectáreas de la Reserva Natural “Laguna de Rocha” a los clubes de Racing y Boca Juniors para la construcción de Ciudades Deportivas (lo cual podría inundar barriadas humildes de la zona); en la ciudad de La Plata el rumbo que sigue Bruera se da bajo los mismos patrones, y los efectos están a la vista de todos: destrucción del patrimonio urbano e inundaciones trágicas.
               Por el lado del Frente Renovador de Sergio Massa, tampoco se ven diferencias con los otros proyectos y podemos verlo en la intendencia de Tigre con un modelo segregador y privatista, donde los grandes barrios cerrados y la expropiación de tierras y humedales son moneda corriente. Los principales beneficiados son las constructoras Constantini (Nordelta) y Eidico (Santa María y Santa Bárbara). Estos socios del “Massismo” están a la cabeza del acaparamiento del suelo y el agua y la destrucción del hábitat natural en el Partido de Tigre.
            No podemos decir menos de UNEN, cuando en la provincia de Santa Fe, gobernada por Binner se reproducen similares situaciones con las mejores tierras entregadas a los gigantes del sector inmobiliario asociados al capital financiero, como sucede en la ciudad de Rosario o la ciudad de Santa Fe, donde el ex intendente y jefe del partido radical a nivel nacional, Mario Barletta, comenzó un proyecto para apoderarse de los terrenos ferroviarios del puerto y venderlos al mercado inmobiliario. Hoy día puede verse como de 70 hectáreas que tenía el puerto solo 20 son destinadas al uso portuario, mientras que las restantes 50 han sido transformadas en un nuevo Puerto Madero.
                En todos estos proyectos se expresa un modelo de ciudad que es la cara urbana (o antiurbana en sentido estricto) de un modelo económico basado en la obtención de mayores rentas del suelo, tal como ocurre con las diferentes caras del extractivismo (agronegocios, megaminería, explotación petrolera), siendo esta otra de las grandes coincidencias entre estos proyectos políticos. Las rentas así obtenidas son invertidas principalmente en las ciudades, donde se busca a partir de la especulación inmobiliaria obtener nuevas rentas (urbanas), generando desplazamiento y expulsión de población local, marginalidad urbana y el encarecimiento del coste de vida por el aumento de la vivienda para compra o alquiler. Pero por sobre todas las cosas, se genera una sociedad donde quienes deciden como se ordena nuestra vida, nuestro territorio, son las grandes empresas, que siguen concentrando no solo el dinero, sino el poder, que solo podrá ser enfrentado con más poder en manos del pueblo.
            Frente a ello, es que no consideramos a ninguno de estos proyectos como  “alternativas”  para la construcción de una sociedad más justa, donde los bienes comunes sean destinados a un uso colectivo para satisfacer las necesidades sociales y no para ser commodities. En cambio, consideramos que son las organizaciones populares las que deben marcar el rumbo de una “alternativa”. En esta ocasión, varias organizaciones surgidas de la gesta del 2001, además de la construcción cotidiana en barrios, en sindicatos, en escuelas y universidades, en  bachilleratos populares y en cooperativas, han decidido dar la pelea en el terreno electoral. Desde el ecologismo popular, desde la lucha en defensa de los bienes comunes, creemos que es necesario darle a nuestras luchas un mayor contenido político, disputar poder para que no sigan decidiendo sobre nosotros los partidos tradicionales y los políticos profesionales. Estamos convencidos de que la lucha contra el saqueo, la contaminación, por la soberanía alimentaria y por cada una de las causas que nos proponemos, son luchas políticas y que deben plantearse como parte central de un proyecto político de los sectores populares que interpele a las mayorías, y que como tal dispute en todos los planos, incluyendo los institucionales. Es por esto que celebramos y apoyamos la decisión de organizaciones hermanas de presentarse a elecciones en esta oportunidad.
            Llamamos a votar en Capital Federal al frente Camino Popular, donde muchas de estas organizaciones se han nucleado (Marea Popular, Camino de los Libres, Hijos del Pueblo, MTE, y otras).También llamamos a votar al frente Ciudad Nueva en La Plata, donde los compañeros del FPDS-CN (con otras fuerzas) han puesto en marcha esa nueva experiencia política, verdadera sorpresa en las PASO locales. Nos posicionamos por estas fuerzas no solo por el recorrido común que tenemos, sino porque creemos que es necesario y posible construir por fuera de los partidos tradicionales, pero sin caer en sectarismos, sin despreciar los procesos que los pueblos de Nuestramerica vienen realizando, con dificultades y contradicciones, pero en pos de mayor integración y unidad contra el saqueo que producen las transnacionales en cada uno de nuestros países y territorios. Así mismo creemos que es necesario mayores esfuerzos para la unidad entre quienes buscamos transitar este camino, vengamos de la militancia social o de diferentes tradiciones políticas.

Construyendo ecología popular 
para el cambio social 


jueves, 18 de julio de 2013

El acuerdo YPF-Chevron: una nueva afrenta a la soberanía popular.

El acuerdo YPF-Chevron: una nueva afrenta a la soberanía popular.

Durante las últimas horas/días se conoció el acuerdo entre el Gobierno Nacional, a través de YPF, y la Corporación Norteamericana Chevrón, negociado que entregará como zona de sacrificio una vasta extensión de nuestra tierra.
Cuando decimos zona de sacrificio, es porque allí planean realizar la hidrofractura o “fracking” que tiene sobrados ejemplos de devastación  en el mundo, motivo por el cual en varios países de Europa han empezado a prohibir esta práctica.
Para poder cerrar este acuerdo, la Presidenta tomo decisión de firmar el decreto 929/2013, por el cual se crea un régimen de promoción para hidrocarburos que prevé beneficios para aquellas empresas que presenten proyectos de explotación con montos no menores a los 1.000 millones de dólares. Un decreto hecho específicamente para satisfacer a Chevrón, aunque esta siempre hubiera querido más. Esta  norma otorga la exención de pagar derechos de exportación a partir del quinto año de ejecutado el proyecto, establece la libre disponibilidad de todas las divisas provenientes de la exportación y no impone absolutamente ninguna legislación o reglamentación sobre la extracción a los fines de evitar los impactos ambientales negativos que se generaron en otros países del mundo con esta misma técnica de explotación. Estas exenciones deben hacerse por ley según la Constitución Nacional y no por Decreto, un dato nada menor en estos tiempos en que se discuten modificaciones a la Justicia para hacerlas más “democráticas”.
Más allá de la discusión acerca de la recuperación del 51% de las acciones de YPF y de las decisiones que toman las distintas empresas y grupos accionarios, cabe poner el centro de la atención en el modelo de producción y desarrollo. Quedarnos enclavados sólo en la disputa de si se debe estatizar por completo o de si los capitales deben ser completamente nacionales y no mixtos, hace que perdamos el rumbo para llegar a una verdadera alternativa  superadora de este modelo de saqueo.
No estamos ante un caso cualquiera de presión empresarial donde el gobierno debe ceder en el marco de un realismo político. Estamos ante un acto netamente propio del modelo que se viene desarrollando en esta última década, donde es más importante la renta que se pueda extraer de las diferentes actividades (agraria, petrolera, minera, inmobiliaria), que la promoción de trabajos genuinos y permanentes en el tiempo.
Este acuerdo encontró un gran obstáculo debido a un fallo judicial que pesaba sobre Chevrón, emitido por la justicia ecuatoriana, quien condenó a la multinacional a pagar 19.000 millones de dólares por gravísimos delitos ambientales cometidos en la Amazonía ecuatoriana durante los años 1964 y 1990, en los que contaminó miles de hectáreas y provocó enfermedades y muerte en comunidades y territorios ancestrales. Los acuerdos bilaterales con nuestra hermana nación refrendaban este fallo e impedían la transacción con Chevron. Sin embargo, en menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó el embargo que pesaba sobre la petrolera permitiendo el futuro acuerdo comercial, lo cual denunciamos oportunamente, como un gran obstáculo en la creación de lazos solidarios entre los pueblos de Nuestramerica. Denunciábamos, por otro lado, que esto era una amenaza, al evidenciar el poco control que se realizaría sobre  el pasivo ambiental y la destrucción que dejará a su paso Chevron.
El verdadero obstáculo que se está desarrollando para que este acuerdo, y futuros acuerdos sobre hidrocarburos no convencionales (fracking) entren en vigor es la lucha de nuestras comunidades. Ya son varios los municipios que han establecido ordenanzas contra la técnica de la fractura hidráulica: Cinco Saltos, en Río Negro; en Entre Ríos ya son  10 los municipios que prohibieron esta técnica; en Mendoza, cuatro departamentos; una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking.
Nuevamente creemos que sólo con soberanía popular, es decir, con pueblos decidiendo que actividades quieren para sus territorios y controlando como se realizan, vamos a poder construir  un país verdaderamente justo. Un país donde no haya zonas de sacrificio, sino pueblos solidarios utilizando los bienes naturales de manera racional, para satisfacer sus necesidades y garantizar a las futuras generaciones un ambiente sano.


jueves, 6 de junio de 2013

Ante el fallo de la Corte sobre Chevron.

Ante el fallo de la Corte sobre Chevron.
La Corte Suprema da un nuevo golpe a los pueblos de Nuestramerica que luchan por Justicia Ambiental.

El día martes la Corte Suprema de Justicia desestimó, en tiempo récord un amparo, levantando el embargo sobre activos y cuentas bancarias de la empresa petrolera norteamericana Chevron. Esto fue solicitado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y antes por el mismo titular de YPF, Miguel Galuccio. 

Este embargo de 19 mil millones de dólares por daños ambientales que pesa sobre la empresa norteamericana fue solicitado por la Justicia Provincial de Sucumbios (provincia del nor-oriente de Ecuador) a raíz de la causa a favor de 30 mil residentes residentes de la Amazonia ecuatoriana por impactos producidos en esa región. De haber aceptado la CSJN el amparo, podría haberse transformado en un nuevo hecho de colaboración entre nuestros países frente a las continuas violaciones a los derechos humanos por parte de las grandes empresas multinacionales en todo el territorio nuestramericano. Sin embargo, este fallo vuelve a dejar en evidencia el poder de estas multinacionales, que generan altos impactos ambientales y sociales por medio de sus actividades extractivas en países periféricos, vulnerando de esta manera a las poblaciones, con la complicidad de los gobiernos que velan por los intereses de las estas corporaciones. 

Recordemos que Chevron tiene un acuerdo con YPF para invertir de manera conjunta en el yacimiento de Vaca Muerta por métodos no convencionales como el fracking, técnica altamente contaminante, que se encuentra prohibida en numerosos de países, y que 6 localidades argentinas ya han prohibido dentro de sus territorios, pero que la gestión de YPF pretende de todas maneras implementar, como manifiesta en su “Estrategia de gestión 2013-2017” en la que aseguran que nuestrpa país "tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. En este contexto, Chevron manifestaba que el único obstáculo que se interponía para lograr ese acuerdo y comenzar la explotación en el país era la existencia de ese amparo. 

Desde el  el Frente Popular Dario Santillan-Corriente Nacional, Espacio Chico Mendes y Marea Popular repudiamos el fallo de la CSJN, que al tiempo que representa una amenaza frente a la posibilidad de juzgar las actividades petroleras que esta multinacional ejecuté en nuestro país, representa un nuevo obstáculo en la construcción de lazos de solidaridad entre los países de Nuestramerica, para enfrentar de conjunto el saqueo de nuestros recursos naturales, la contaminación de nuestros territorios y el avasallamiento de los derechos de nuestros pueblos por parte de estas empresas.

Nuevamente, solo con protagonismo popular podremos frenar la avanzada de estas corporaciones.

jueves, 23 de mayo de 2013

No todos estamos “vivitos y coleando”



No más muertes en la comunidad Qom

No todos estamos "vivitos y coleando"
Desde el Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional, Marea Popular y el Espacio Chico Mendes, repudiamos la enésima y brutal represión perpetrada contra nuestros hermanos Qom en el Chaco. Mientras el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se encontraba en Roma, su policía lanzaba repetidos ataques contra centenares de personas que protestaban en la ruta 95 a la altura de la localidad de Castelli. Más de 100 manifestantes resultaron heridos y 59 detenidos. Según declaraciones de la vocera del Instituto del Aborigen Chaqueño, Bashé Nuhem- Fiorentín Diaz y su hijo, miembros del a comunidad Qom Curushy, murieron en un accidente vehicular mientras escapaban de la represión.
Las organizaciones originarias reclamaban el legítimo derecho a decidir acerca del destino de la ayuda alimentaria que el gobierno provincial destina a las comunidades de El Impenetrable, vivienda digna y trabajo para sus cooperativas. Un reclamo que tiene largo tiempo, y que es recibido con la represión.
El operativo a cargo del comisario Elvio Cabral desató la primer embestida en las primeras horas de la mañana, y ante la llegada de centenares de personas para expresar su solidaridad ante los manifestantes reprimidos, lanzó otros dos ataques con palos y balas de goma. Los efectivos se ensañaron inclusive con los vehículos de los manifestantes, dejando decenas de motos destruidas al costado de la ruta, incluida la del cacique Félix Díaz.
Una vez más, los reclamos de nuestros hermanos originarios son recibidos con represión: Gildo Insfrán en Formosa, responsable de la represión y muerte a las comunidades Qom de la provincia y Capitanich en la suya dejan en claro cuál es la política oficial ante la defensa de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. La desidia de las gestiones locales, la represión provincial, la violencia del agronegocio en el norte argentino, y el silencio del estado nacional ante casos de tal gravedad, son los grandes factores que condenan a parte de nuestra Argentina al hambre y la invisibilización.

Mientras se habla de inclusión y democracia, miles de personas viven en carne propia la discriminación y la violencia fruto de un "capitalismo serio" que cada día reprime y desestima las demandas de nuestro pueblo. La represión en Chaco, se suma al listado de avanzadas sobre la criminalización de la protesta social en nuestro país. En no menos de un mes, Formosa, Misiones, La Rioja y Chaco, han sido escenario y evidencia, del uso de la fuerza y la violencia como mecanismos privilegiados de control social.
¡Basta de represión a los Qom!

Por un país solidario, justo y realmente en manos de nuestro pueblo.
Frente popular Darío Santillán - Corriente Nacional
Marea Popular
Espacio Chico Mendes


sábado, 6 de abril de 2013


Compartimos el comunicado del Foro en Defensa del Rio de la Plata, la salud y el medio ambiente. (Ver en www.fororiodelaplata.com.ar).

No es la lluvia, son los que no quieren dejar de ganar plata

Vista de la inundación en La Plata
¿Se podrá hacer la lista de los responsables de las más de 50 muertes, conocidas hasta el momento, que provocó la tormenta del lunes y martes en Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata? ¿Se puede saber los responsables de los muertos de otros accidentes provocados por la avaricia y el deseo infinito de hacer plata que impera en este sistema en el que vivimos? Seguro que si.
Ya no se puede tolerar los comentarios perversos de funcionarios que le echan la culpa a la naturaleza. Esos mismos funcionarios que autorizaron la construcción de barrios enteros en zonas de amortiguación de las inundaciones, “lugares bajos” que les llaman y que autorizaron a rellenar por encima de la cota de inundación y así vender esos lugares. Hace unos años en lotes y así nacieron muchos barrios de laburantes, ahora en grandes parcelas, dando lugar a decenas de barrios cerrados.
¿Todavía no descubrieron que el agua corre buscando los arroyos? Arroyos que ya no están porque que ellos los mandaron a entubaron  y rellenar sus cuencas, apelando a una cuota de política clientelar y otra cuota al enanismo mental que tienen. Esos arroyos y sus cuencas estaban para contener y desaguar hacía el Río de la Plata cuando se producen fenómenos climatológicos como los de estos días. Algunos científicos y los ambientalistas lo denominamos recurrencia: es decir que cualquier obra necesaria debe realizarse teniendo en cuenta el mayor fenómeno climático que haya sucedido desde siempre y no los últimos 10 o 20 años (en el mejor de los casos) como se hace actualmente.
En estas últimas décadas se han levantado autopistas, elevado terrenos para la construcción de barrios cerrados para que se encierren los ricos, se han rellenado humedales, se han modificado el curso de los arroyos y ríos, se han rellenado las cuencas de los arroyos.
Observando un mapa satelital de la zona de Ensenada y Berisso no cuesta mucho ver donde se construye el Polo industrial, ocupando zonas que en su mayoría son valles de inundación. Entonces la acumulación de agua en polo el petroquímico de YPF, en el que produjo un serio incendio, no es casualidad, está dentro de lo que puede suceder.
Tampoco se puede tolerar escuchar a la mayoría de los periodistas que hablan cualquier cosa y no se toman el trabajo, que hace a su profesión, de estudiar el motivo de fondo de estos hechos naturales que nos sacuden. O leer titulares como: “Infografía de los arroyos que inundan la Ciudad de Buenos Aires”. Ahora resulta que son los arroyos los culpables. Lo que se ha hecho a lo largo de estos años es un verdadero desastre que se paga de esta manera. Con el dolor de miles y la vida de casi medio centenar de personas.
Mientras esto sucede el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se niega a reglamentar la Ley de Bosques Nativos porque está a la espera de cerrar todos los negocios inmobiliarios que están proyectados en la costa del Río de la Plata (desde el Delta hasta Ensenada).
Ante esta realidad ¿el Intendente de Quilmes seguirá con la idea de autorizar a Techint la construcción de Nueva Costa del Plata en las costas de Bernal y Avellaneda?, lo que provocará la perdida de la reserva y los humedales de la región. Los concejales del PRO quilmeños –que aún están negociando- votarán en contra del proyecto o le darán luz verde y luego saldrán a pedir solidaridad con los inundados como lo están haciendo en San Isidro. Los humedales que destruyen son los reguladores de los procesos hidrológicos y ecológicos y, entre muchas funciones, actúan como una esponja previniendo y mitigando inundaciones.
El intendente de Berazategui ¿continuará con su plan de abrir un camino costanero -sobre nivel- a lo largo de 5 km, que producirá el relleno de los humedales y generará un dique de contención de las aguas que naturalmente corren de oeste a este, buscando naturalmente el Río de la Plata?, y que después de pasar la muralla que es la autopista se encontrará que ya no están los humedales y hay una nueva muralla de tosca y cemento. ¿Seguirá con su emprendimiento? y después ¿le echará la culpa a los arroyos mientras nosotros lloramos la muerte de nuestros vecinos?
Señores funcionarios esto NO es progreso. Progreso es que el pueblo viva mejor y el deber de Uds. es lograrlo y no ponerse al servicio de los negocios. Progreso no es enterrar vecinos que murieron ahogados por la decidía de quienes ponen el dinero por delante de la vida.
En Capital se quejan porque las aguas venían de la provincia. ¡¡Pero, que aguas tan irrespetuosas que se animan a cruzar la Gral. Paz!!
Por su parte, el Gobierno nacional y el de la Ciudad viven discutiendo quien pone la plata para encontrar una solución al desastre ya hecho. Para ellos el problema pasa por si las obras del arroyo Maldonado están bien o mal hechas. Si el Vega lo terminan o no en el 2015 o si las obras del arroyo Medrano se van a realizar algún día.
Ni una palabra sobre que ya edificaron sobre las cuencas de estos y otros arroyos. Que cada vez hay más plazas con cemento. Que las calles con adoquines se levantan y pavimentan porque arruinan los neumáticos de los coches. Ahora, no les queda otra, deben pensar como van a solucionar algunos de las atrocidades cometidas porque las casas, que permitieron construir en las zonas de inundaciones, ya no se pueden tirar abajo. Tienen que encontrar soluciones porque lo de estos días puede volver a suceder y no solo por el cambio climático a escala planetaria, que nos convierten en un país subtropical, sino porque día a día hay menos posibilidades de detener estos fenómenos naturales y las respuestas, obviamente, son incoherentes.
Invitamos a los lectores a realizar un ejercicio y pensar que pasaría si cerrara el paso de las aguas que corren hacia los arroyos de la localidad en la que viven, arroyos que buscan naturalmente los ríos, destino final del agua. O si se construyera encima de los lugares mal llamados “bajos” que se encuentran alrededor de esos arroyos y que son receptores naturales de las aguas que los saturan.
Es más fácil entubar un arroyo que mantenerlo con vida, limpio, sin ratas, sin mosquitos y evitando que las fábricas los contaminen, pero es más caro… caro para ellos que ahorran dinero con nuestras vidas, caro para nosotros que lamentamos la muerte de nuestros vecinos.
Los muertos tienen responsables, y son quienes permiten obras que se convierten en trampas mortales para los vecinos. No dejemos avanzar a quienes en nombre del progreso nos matan.

El futuro es hoy!Cuidemos nuestra tierra!

martes, 19 de marzo de 2013

Compartimos la nota que escribió nuestro compañero Diego Ariel Bernardo para el portal Marcha

Cinco Saltos ratifica la prohibición del fracking

Cinco Saltos ratifica la prohibición del fracking
Por Diego Ariel Bernardo. La ciudad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en América Latina en rechazar el fracking como método de extracción de hidrocarburos en diciembre. A pesar de las presiones de la intendenta y el gobernador la normativa seguirá vigente.

El fracking o fractura hidráulica es un proceso para obtener hidrocarburos no convencionales. Más difíciles de extraer y con mayores costos este tipo de hidrocarburos están cobrando vigencia ante el agotamiento yacimientos convencionales. En la Argentina las exploraciones realizadas por Repsol-YPF y otras empresas dieron por resultado el descubrimiento de enormes cantidades de estos hidrocarburos, atrapados en las rocas del subsuelo. Tanto es así que el país se ubicaría tercero en existencias estimadas de este recurso (detrás de Estados Unidos e Irán).
Esto alienta al gobierno Nacional a continuar con una matriz energética basada en la utilización intensiva de combustibles fósiles en desmedro de energías alternativas que pese a su gran potencial, no reciben las inversiones necesarias para desarrollarse y aportar de forma significativa al sistema energético nacional. Sin embargo, el problema de este nuevo método es que además de continuar con dicha matriz,  genera un profundo deterioro ambiental, agotando y/o contaminando de forma irreversible otros recursos estratégicos como el agua potable. Una mezcla de cientos de miles de litros de agua junto a un coctel de productos químicos de alta toxicidad y arena, se inyecta a través de una tubería vertical de unos dos a tres km de profundidad. Los productos tóxicos se filtran en el suelo y en las napas de agua a partir de las averías producidas en las cañerías, las válvulas abiertas y los vehículos de transporte. El objetivo de esto es producir fracturas en las rocas que permiten liberar la salida del gas. Aunque las empresas que explotan estos yacimientos alegan que la profundidad a la que quedan depositados estos residuos no genera peligro pues están muy por debajo de las napas, existen aguas de reflujo que vuelven a la superficie, arrastrando gases altamente nocivos como el metano, junto a minerales tóxicos y a los químicos usados para desprender los hidrocarburos de la roca, que dañan el suelo, las napas y los arroyos.
Esta actividad busca implantarse en varias localidades del país, en la Patagonia principalmente (aunque también en Entre Ríos) y es justamente, en la localidad de Cinco Saltos (Rio Negro) donde se ha logrado una normativa que prohíbe esta actividad. A instancias de José Chandia, concejal del Partido Comunista, quien previamente había escuchado a vecinos y a las organizaciones (“Tierra Madre” y “La Ruedita”, entre otras), el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe la práctica del fracking en el municipio. La fecha de aprobación fue el 26 de diciembre del 2012.
A pesar de haber sido aprobada por unanimidad la intendenta de Cinco Saltos Liliana Alvarado, perteneciente al Frente Grande, vetó la norma por presiones realizadas desde los gobiernos nacional y provincial. Al hacerlo la intendenta recibió el respaldo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que en un comunicado citó a las Constituciones Nacional y Provincial para afirmar que los recursos hidrocarburíferos pertenecen a la provincia y que esta tiene potestad para su utilización. Remarcando a sí mismo que la provincia cuenta con un plexo normativo vigente que comprende tanto la explotación de hidrocarburos convencionales como no convencionales donde se detallan los medios técnicos y cuidados ambientales para aplicar en cada caso.
No obstante esto, el Concejo Deliberante, junto a las organizaciones y los vecinos, que resisten han logrado rechazar el veto de la Intendenta, ya que alegan que este se produjo recién el 14 de febrero del 2013, por fuera del plazo de los 10 días establecido para que un proyecto sea revisado y vetado por el Ejecutivo municipal. De esta manera Cinco Saltos vuelve a ser la primera localidad de Latinoamérica donde la fractura hidráulica se prohíbe. Quedan por ver los movimientos que desplegaran el gobierno provincial y municipal, pero el pueblo ha vuelto a poner, mediante una estrategia institucional, a la soberanía popular por sobre los intereses del modelo extractivista.